Síntesis del artículo de Eduardo Garzón "Trabajo Garantizado: aplicación en entidades locales y/o autonómicas", publicado en el número 4 de la revista Pensar desde Abajo
La propuesta de Trabajo Garantizado (TG) fue ideada en los años sesenta del siglo pasado por el prestigioso economista Hyman Minsky como una solución a los problemas del desempleo que ya se vislumbraban entonces en la mayoría de las economías capitalistas occidentales. El diagnóstico de partida era sencillo: en la nueva fase del sistema económico capitalista (frecuentemente denominada neoliberalismo) el sector privado no es capaz de crear suficientes puestos de trabajo para alcanzar el pleno empleo debido a las limitaciones que muestra la lógica de la rentabilidad económica en un contexto de intensísima competencia internacional, de determinados avances tecnológicos y de transformación en la organización del trabajo.
En consecuencia, la receta del problema es también sencilla: se torna indispensable que intervenga el sector público creando la cantidad de puestos de trabajo que sean necesarios para alcanzar el objetivo del pleno empleo. El objetivo es que ninguna persona se quede sin trabajar si ese es su deseo, un derecho recogido en el artículo 35.1 de la Constitución Española. Se trata, pues, de convertir ese principio orientador en un derecho fundamental que disfrute de un status especial con garantías: frente al derecho del ciudadano a trabajar, la obligación del sector público de garantizárselo.